La Autoprotección en España, año 2014

Rafael Vidal Delgado 

Coronel de Artillería(R) 
Diplomado de Estado Mayor 
Doctor en Historia por la Universidad de Granada 

Diplomado y profesor del Máster Ejecutivo en Dirección de Seguridad Global(MEDSEG) 
Diplomado y profesor principal del Máster Ejecutivo en Dirección de Sistemas de Emergencia (MEDSEM) 
Asesor de Planificación Estratégica de AMASPLUS INGENIERÍA

 

rafaelvidal@amasplus.com

 

13/05/2014

 

Desde el 2007, cuando se aprobó la Norma Básica de Autoprotección (NBA), aparte de dirigir bastantes planes he escrito un buen número de artículos e impartido conferencias y clases sobre la autoprotección.

 

Transcurridos siete años desde su promulgación hay que preguntarse ¿estamos satisfechos con la norma?, ¿responde verdaderamente a lo que el legislador pretendía con ella?, ¿es eficaz para la protección de las personas, bienes y medio ambiente?, y más preguntas, que para el autor de estas líneas tienen una respuesta negativa.

 

Enfáticamente se inicia el Real Decreto 393/2007, por el que se aprobaba la NBA, con la frase sobre “La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales” y más adelante, dentro de la exposición de motivos: “La Norma Básica de Autoprotección, define y desarrolla la autoprotección y establece los mecanismos de control por parte de las Administraciones Públicas”.

 

Veamos si estos pilares básicos se cumplen, porque se ha demostrado que si no existe una norma y una herramienta verdaderamente coercitiva, la sociedad, de forma general, tiende a cumplir estrictamente la ley, rozando sus parámetros mínimos.

 

En el articulado del RD se habla de que por parte de la Administración Pública habrá un control administrativo y técnico y un registro, dejando lo anterior para el desarrollo posterior por las Comunidades Autónomas. Visto el transcurso de siete años, he podido comprobar que en más de 90% de los casos no existía control administrativo y técnico, o al menos en cada Comunidad Autónoma y ayuntamiento se entendía de manera distinta. Por otra parte, no todas las CC.AA. han regulado el registro de los planes y, en la que sí lo han hecho, ha sido más con carácter administrativo que técnico, dada la imposibilidad de asesorar técnicamente a los servicios de intervención con la rapidez y agilidad necesaria, al ser requeridos ante una emergencia.

 

"la mayoría de los ayuntamientos no tienen en cuenta el plan de autoprotección para otorgar la licencia de apertura"

 

Existe además indefinición sobre la presentación del Plan de Autoprotección para el otorgamiento de una licencia de apertura. Tomemos por ejemplo, la relación de legislación aplicable a una licencia, en una populosa ciudad de Andalucía:

  • Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. (BOJA nº 152 de 31 de diciembre de 1999).
  • Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 143 de 20 de julio de 2007).
  • Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. (BOE nº 126 de 26 de mayo de 2012).
  • Ordenanza Municipal para la Limpieza de Espacios Públicos y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (BOP nº 93 de 18 de mayo de 2009).
  • Ordenanza Nº 16. Tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos. (BOP nº 249 de 28 de diciembre de 2012).
  • Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios (BOP nº 40 de 2 de marzo de 2010).
  • Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de ruido y vibraciones (BOP nº 94 de 19 de Mayo de 2009).
  • Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 37 de 30 de marzo de 2002).
  • Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. (BOJA nº 150 de 2 de agosto de 2011).
  • Ordenanza Municipal Reguladora de Accesibilidad del Municipio. (BOP nº 35 de 20 de febrero de 2004).
  • Ordenanza Municipal frente a la Contaminación Atmosférica. (BOP de 23 de marzo de 1994).
  • Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Ejercicio de Actividades mediante Declaración Responsable, Comunicación Previa y Licencia de Apertura de Establecimientos. (BOP nº 44 de 7 de marzo de 2011).
  • Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. (BOE nº 311 de 27 de diciembre de 2012).

Profusa es la relación legislativa, pero, ¿dónde se encuentra el Real Decreto 393/2007 y la correspondiente NBA?, al menos debería figurar que fuera obligatorio para las actividades que pudiendo generar riesgos, deben disponer de plan de autoprotección.

 

Si, con buena intención, el responsable de la actividad presenta en Protección Civil su plan de autoprotección, por supuesto en papel, ocurre en la mayoría de los casos que la sección o negociado que lleva este tema advierte que le es imposible revisar técnica y operativamente el plan entregado y que lo único que puede hacer es archivarlo o ponerle un sello al ejemplar que devuelven al responsable de la actividad.

 

Primera conclusión de este breve examen: la mayoría de los ayuntamientos no tienen en cuenta el plan de autoprotección para otorgar la licencia de apertura, debiéndose indicar que una cosa son las medidas de seguridad y de contra incendios de la actividad y otra es el plan de autoprotección, dado, que las primeras son normalmente examinadas por los servicios de extinción de incendios y salvamentos del ayuntamiento, mientras que el segundo no.

 

Por otro lado la “vigilancia e inspección” que deben realizar las AA.PP., personalmente nunca las he visto, a no ser que haya ocurrido una emergencia, en cuyo caso sí se efectúa una inspección del plan de autoprotección empleado.

 

La NBA, al relacionar las funciones de las AA.PP., emplea verbos en infinitivo, es decir, de carácter imperativo; pero el “recibir”, “requerir”, “obligar”, “velar”, “exigir”, “instar” y “ejercer” son simplemente expresiones empleadas en el papel, sin ninguna consistencia real, porque nada de ello se hace: pero, ¡ojo!, no por desidia de la Administración Pública afectada, sino por imposibilidad de hacerlo.

 

¿Cómo es posible que dos o tres funcionarios cualificados puedan revisar los planes de autoprotección que son presentados cada día? Debemos tener en cuenta que una ciudad puede tener varios cientos de centros de enseñanza, varias decenas de polígonos industriales (cada uno de ellos con decenas de empresas), de gasolineras, de edificios públicos, de lugares de ocio, de grandes almacenes, etc., que deben disponer de plan de autoprotección; supongamos un total de diez o quince mil planes de autoprotección: ¿cómo se pueden controlar?

 

Algunas comunidades autónomas han establecido un registro de planes de autoprotección, pero ¡a nivel territorial de la comunidad autónoma!, con lo cual se registran miles y miles de planes a lo largo del año, de tal manera que si la Comisión Autonómica de Protección Civil quisiera revisar todos, tendría que estar permanentemente reunida, sin poder atender a otros menesteres.

 

Los planes de autoprotección deben de implantarse, cuestión llevada a cabo mediante la formación del personal y la ejecución de diversos ejercicios y simulacros. La NBA establece que de todo lo anterior, el responsable de la implantación emitirá un certificado, el cual estará a disposición de los “órganos competentes” de las AA.PP.

 

La verdad es que no he visto que una Administración Pública, sin mediar denuncia o emergencia, haya podido inspeccionar las implantaciones y revisiones periódicas que deben hacerse a los planes de autoprotección. Se vuelve a insistir, no por desidia, sino por imposibilidad física de hacerlo, porque ese ayuntamiento tendría que tener varias decenas de funcionarios permanentemente en las calles, inspeccionando las actividades que deben disponer de plan de autoprotección.

 

Hasta la fecha, en todas las emergencias que se han producido con víctimas mortales, los jueces han dictaminado la culpabilidad del responsable de la actividad y del responsable de plan de autoprotección, eludiéndose la Administración Pública, la cual está obligada a su vigilancia, control, inspección e incluso el cese de la actividad por peligro manifiesto. Los jueces se asesoran de los técnicos en emergencias de las propias AA.PP., lo cual crea un conflicto legal, porque son al mismo tiempo “juez y parte”.

 

Desde hace casi treinta años, tras aprobarse la Ley de Protección Civil, he intentado ser apóstol del planeamiento en protección, protección civil y autoprotección. Se han alcanzado grandes objetivos, pero desde luego no en el control de la Administración Pública sobre la autoprotección. La norma debe revisarse, porque manteniéndose tal como está, podrá llegar un juez que no solamente declare culpable a la Administración Pública, sino al propio alcalde, el cual es el jefe nato de la protección civil en su término municipal.

 

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