La seguridad ciudadana, una necesidad

La Vanguardia 

16.12.2014

 

 

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior

 

El proyecto de ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados, es un texto necesario por tres motivos. En primer lugar, el Gobierno decidió, al inicio de la legislatura, eliminar del Código Penal las faltas como categoría de infracciones penales. Algunas de las actuales faltas, las que guardan relación con la delincuencia patrimonial, singularmente la falta de hurto, pasarán a calificarse como delitos leves. En cuanto al resto de las faltas se decidió, de acuerdo con un planteamiento ampliamente defendido en el mundo judicial y doctrinal, eliminarlas del Código Penal y convertirlas en infracciones administrativas. Las voces críticas que hoy afirman que esta decisión supone la eliminación de garantías, pierden de vista lo siguiente:

El castigo penal debe ser siempre el último recurso sancionador en manos del Estado. Las sanciones penales resultan siempre más gravosas para quien las padece que las sanciones administrativas. No olvidemos que en el ámbito penal pueden imponerse penas de prisión con carácter subsidiario, en caso de impago de las multas pecuniarias. En el ámbito administrativo no existen penas privativas de libertad. No parece razonable imaginar que nadie prefiera ser acusado de un delito contra la seguridad vial que pagar una multa de tráfico.

Como en todos los ámbitos en que la Administración ejerce la potestad sancionadora, en el ámbito de la seguridad ciudadana el procedimiento es plenamente garantista y está sujeto a control judicial.

Conviene recordar, en última instancia, que la futura ley no crea las infracciones administrativas en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino que perfecciona el régimen jurídico de la ley de 1992. Tras veintidós años de vigencia, el nuevo texto no incrementa la cuantía de las sanciones que es, por otra parte, similar e incluso inferior a la prevista en otras normas.

En segundo lugar, la nueva ley está motivada por el compromiso del Gobierno de dar respuesta clara y firme a cualquier clase de violencia. El futuro texto legal no regula el derecho de manifestación ni modifica el régimen de ejercicio del mismo, inalterado desde 1983. No estamos ante la ley que regula las manifestaciones sino ante la ley que sanciona conductas que afectan a la seguridad de los ciudadanos y que versan sobre temas tan dispares y graves como la tenencia y fabricación de explosivos, la proyección de haces de luz sobre pilotos de avión con la finalidad de deslumbrarles (una práctica extremadamente peligrosa, que ha crecido un 428% en los últimos tres años y que actualmente carece de sanción) o la demanda de servicios sexuales cerca de colegios, guarderías o zonas de ocio infantil.

Es verdad que las conductas violentas pueden producirse en el desarrollo de manifestaciones, pero lo que la ley sanciona es la actuación violenta, sin que de ello pueda deducirse ninguna clase de restricción del derecho de manifestación. En el ámbito deportivo, por ejemplo, las sanciones son contundentes y gozan de un amplio respaldo ciudadano. Pues bien, no podemos caer en la trampa de pensar que otros comportamientos violentos pueden parapetarse en el pretendido ejercicio de un derecho constitucional. El compromiso del Gobierno contra las acciones violentas es claro y coherente. Desde el 1 de enero del 2012 hasta hoy se han producido en España más de mil incidentes violentos, con un saldo de más de 800 ciudadanos heridos y más de 600 heridos de las Fuerzas de Seguridad. El coste del vandalismo urbano en este periodo supera los 47 millones de euros. ¿Acaso deben los ciudadanos pagar la factura de los violentos?

Por cierto, este compromiso firme contra la violencia urbana está recogido en la moción aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 26 de julio del 2012, a instancias de CiU, para que el Gobierno modificara la ley "para ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de violencia urbana".

En tercer lugar, la futura ley, por primera vez en una ley orgánica, prohibirá las identificaciones policiales basadas en perfiles raciales, condenadas ampliamente por los organismos internacionales. Otro ejemplo: por primera vez se regulará la forma en que han de realizarse los cacheos policiales, con todas las garantías.

¿Son éstas las medidas que la oposición promete derogar cuando llegue al Gobierno?

 

Accesos directos:

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Amasplus Ingeniería SL