Ejes básicos de la nueva Ley de Seguridad Privada

Seguritecnia. Francisco Muñoz Usano, Presidente de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad y patrono de la Fundación Borredá

20.06.2014 

 

Con motivo del proceso de elaboración de la Ley 5/2014, segunda ley de seguridad privada en España, hemos asistido a un fenómeno poco usual en la gestación de normas parlamentarias.

 

En primer lugar, porque es una costumbre de nuestros legisladores que cuando se aborda la reforma de cualquier materia (especialmente de las “sensibles” como son las de seguridad) se tiende a aplicar la “ley del péndulo” y a introducir reformas casi integrales y cambios radicales, que desorientan a los ciudadanos y a veces afectan seriamente a los mercados laboral y de servicios implicados. En este caso, felizmente no ha sido así, sino que desde los primeros gestores de los borradores de norma siempre se ha pretendido (y así se recoge en la exposición de motivos) profundizar en el sistema español existente, mejorándolo desde la experiencia.

 

Y este último factor –la experiencia– es la segunda virtud más destacable de la norma, es decir, el modélico proceso que se ha seguido desde la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, de reiterar las audiencias, directas e indirectas, de los distintos miembros del sector, sus entidades y su Comisión Nacional, aprovechando hasta el extremo todo tipo de aportaciones para adecuar a la realidad las normas; algo digno de servir de ejemplo en otros procesos legislativos.

 

Ejes básicos

 

Los puntos fundamentales de esta reforma, que he tenido ocasión de destacar en las últimas intervenciones públicas en las que la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad ha participado, a la vista de lo que manifiestan expertos del sector, son los siguientes:

 

- Se considera que la seguridad privada aminora riesgos, da seguridad adicional y suministra información profesional.

- Se le reconoce como verdadero actor de políticas globales y nacionales de seguridad, destacando, como hace la Estrategia Nacional de Seguridad, la importancia de las alianzas público-privadas. También, como parte indispensable de protección de la sociedad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

- Se pasa del control y sanción al aprovechamiento de potencialidades. Se focaliza la intervención y control en lo imprescindible y se desregula lo accesorio. Todo ello en beneficio de una mayor actividad económica lícita y su repercusión positiva en el mercado de trabajo. Más complementariedad y menos subordinación. Más cooperación y corresponsabilidad.

- Se pretende integrar sus capacidades en el sistema público de seguridad. Para ello, se podrá facilitar al personal de seguridad la información operativa necesaria para sus fines.

- Mayor regulación de las actividades de investigación privada y los detectives privados, cuyo desarrollo reglamentario entiendo que deberá respetar escrupulosamente la privacidad de los clientes y las peculiaridades de esta necesaria profesión.

- Matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos.

- Es significativo que se repite una expresión de la Exposición de Motivos de la Ley de 1992, al reconocer las facultades de crear o utilizar los servicios de seguridad privada.

- La seguridad informática aparece no como una actividad específica de la seguridad privada sino como actividad compatible, regulable específicamente.

- Regulación de los servicios de videovigilancia (pendiente desde la Ley Orgánica de 1997).

- Para una mejor persecución de intrusismo y las irregularidades graves, se da rango legal a las actuaciones de control e inspección sobre entidades, personal y medidas, incorporando un precepto que regula las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales cuando en una inspección lo consideren necesario.

- Modificación del nombre de guardas particulares del campo por el de “guardas rurales”. Hubiera sido deseable sustituir también la denominación “escolta privado” por “escolta de seguridad”, dado que todo este personal ya es, en sí, privado.

- Se combina el acceso a las profesiones básicas tanto por el Ministerio de Interior como por el sistema general de educación o formación profesional, eliminándose la polémica “inactividad”.

- Se recoge ya con rango de Ley la Comisión Nacional y las territoriales como órganos consultivos del sector.

- Es un articulado más extenso que la Ley anterior. Pasa de 39 a 72 artículos más 13 disposiciones, por lo que necesitará un amplio desarrollo reglamentario (uno o varios reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, etc.)

 

Cuidado con los matices

 

No está tampoco la Ley, como toda obra humana, exenta de matices que deben cuidarse para evitar desajustes y, por tanto, necesitados de mejora o atención en el desarrollo reglamentario y en el funcionamiento del sector. Entre otros, creo que debe ponerse especial atención en:

 

- Evitar abusos en el empleo de las declaraciones responsables que sustituyen a las autorizaciones administrativas para centros de formación, despachos de detectives y empresas instaladoras y mantenedoras.

- La protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada no debería quedarse para cuando actúen “en presencia” de los agentes policiales, sino siempre que cumplan sus órdenes y planes oficiales.

Para ello, sería bueno que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana recoja infracciones específicas en materia de desobediencia al personal y planes de seguridad.

- Quizás la actividad de asesoramiento y planificación de seguridad, por su importancia y relación directa con la prevención de siniestros, debería haber quedado reservada para empresas de seguridad por las garantías que ello comporta.

 

Espíritu emprendedor

 

En todo caso, y tras estas breves y muy opinables ideas, no hay duda de que el sector tiene una deuda histórica con personas determinadas que han mantenido un talante de apertura, responsabilidad y cercanía. Sin dejación alguna de los criterios públicos, han estado abiertos a todas las mejoras racionales y experiencias que el sector privado, destinatario de la regulación, pudiera aportar.

 

Me refiero (y es de justicia hacerlo) como todos intuirán, al secretario General Técnico de Interior, Juan Antonio Puigserver, al comisario de Policía Esteban Gándara y al coronel de la Guardia Civil, César Álvarez. Estos tres servidores públicos (y sus respectivos equipos), han hecho realidad lo que la Constitución impone a la Administración Pública: “servir con objetividad a los intereses generales”.

 

Esperemos que todos estemos a la altura del esfuerzo realizado en las aportaciones al futuro Reglamento, y se continúe la labor positiva de regulación de un sector muy a tener en cuenta en nuestra sociedad. 

 

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