Adecuación de los denominados centros de control o video vigilancia

Unidad Central de Seguridad Privada

28.08.2014

 

 

Escrito de una empresa de seguridad consultando sobre los periodos de adecuación de los sistemas de seguridad conectados a un centro de control o videovigilancia, así como los plazos para cumplir con el resto de obligaciones y tramites documentales exigidos a partir de la reforma de la normativa de seguridad privada por el Real Decreto 195/2010.

 
 

 

http://melania.ceca.es/melania/Boletin.nsf/vTodosDocs/E3F457958FE889CFC1257D2B00329CF8/$file/UNIDAD%20CENTRAL%20DE%20SEGURIDAD%20PRIVADA.JPGCONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

Dentro del marco de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se promulgan la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada y el Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero de modificación del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

 

Una de estas modificaciones reglamentarias afectó al artículo 39.1, que a partir de su publicación quedo redactado de la siguiente forma: “Únicamente las empresas autorizadas podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica contra robo e intrusión y contra incendios que se conecten a centrales receptoras de alarmas.

 

A efectos de su instalación y mantenimiento, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas los denominados centros de control o de video vigilancia, entendiendo por tales los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento y que obligatoriamente deban estar controlados por personal de seguridad privada”.

 

Analizando el párrafo segundo del citado artículo, pueden deducirse las siguientes nuevas obligaciones para los sistemas de seguridad que se conecten a los denominados centros de control o videovigilancia:

 

1. Que su instalación obligatoriamente se hará por empresa de seguridad habilitada para esta actividad.

 

2. Que los sistemas habrán de ser objeto de mantenimiento presencial o bidireccional, conforme a lo exigido normativamente por empresas de seguridad debidamente inscritas y autorizadas para ello.

 

3. Que tanto la instalación como el mantenimiento habrá de ser comunicado a través del correspondiente contrato de seguridad.

 

4. Consecuencia de ello es que cada centro de control deberá disponer del obligado Libro Registro de Instalaciones y Revisiones, donde se enumeraran los dispositivos que integran el sistema de seguridad electrónico y las revisiones preventivas realizadas al mismo.

 

Señalar que el citado Real Decreto 195/2010, no establece ningún plazo de posible adecuación a estas exigencias para las instalaciones existentes en el momento de su entrada en vigor.

 

Posteriormente, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas en el ámbito de la seguridad privada, establece nuevas obligaciones para los sistemas de seguridad electrónicos conectados a centrales de alarmas o centros de control, como la elaboración de proyectos de instalación conforme a la norma UNE-CLC/TS 50131-7, o los grados de seguridad de cada uno de los dispositivos que conforman el sistema, acreditados mediante certificaciones de producción.

 

Y así, para los sistemas de seguridad instalados antes de la publicación de la citada Orden, su disposición transitoria primera dispone que: “…..se adecuarán en el plazo de diez años…..”

 

Por otra parte, la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio, por la que se modifican las Ordenes INT/314/2011, INT/316/2011 y INT/317/2011 y por la que se establecen las reglas de exigibilidad de normas UNE o UNE-EN en el ámbito de la seguridad privada, modifica, en su artículo 2, la disposición adicional segunda de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero de 2011, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma, estableciendo que: “La modificación o aprobación de cualquier nueva Norma UNE o UNE-EN sobre esta materia, de las contenidas en el anexo I de esta orden, será suficiente para su aplicación inmediata a las reformas de las instalaciones ya existentes y a las nuevas instalaciones, sin necesidad de ningún acto de incorporación normativa, desde el momento de su publicación por el organismo competente para ello”

 

CONCLUSIONES

 

A la vista de la normativa examinada, no cabe ninguna duda que los sistemas de seguridad conectados a centros de control disponen de un plazo de diez años (18 de agosto de 2021) para adecuarlos al grado 2 que les corresponde conforme al artículo 2 de la mencionada Orden de alarmas.

 

Respecto al resto de obligaciones enumeradas existe un vacío legal, que no permite establecer plazos concretos para su cumplimiento. Significar, no obstante, que ninguna de ellas supone un desembolso económico significativo (la mayoría son simples trámites documentales), han transcurrido ya cuatro años desde su publicación y la más onerosa, la revisión del sistema, que es fundamental para su correcto funcionamiento, por lo que entiende esta Unidad que sería recomendable, salvo para el grado de los elementos, no demorar excesivamente la adecuación a lo establecido reglamentariamente, sin necesidad de alcanzar el plazo de diez años señalado para los dispositivos electrónicos y que no sería de aplicación para estos trámites documentales.

 

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

 

 

 

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