Subcontratación de servicios de explotación de centrales receptoras de alarmas, en el ámbito de sector público

Unidad Central de Seguridad Privada

Pronunciamiento

07.09.2015

 

Viabilidad legal de subcontratación de servicios de explotación de centrales receptoras de alarmas, en el ámbito de sector público, por parte de empresas de seguridad no autorizadas e inscritas para ello en el Registro correspondiente

 

Respecto del asunto de referencia, una empresa de seguridad solicita a esta Unidad Central que evacue informe al respecto.

 

Tras exponer las circunstancias que motivan tal petición, insta a que se dé contestación concreta a las siguientes cuestiones planteadas:

·         “Si para el desarrollo de la actividad y prestación de servicios derivados de la explotación de centrales de alarma para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, las empresas que pretendan prestarlos deben obtener previamente, las autorizaciones (habilitaciones) para ello específicamente y estar inscritas en el Registro de empresas del Ministerio del Interior para esa actividad”.

·         “Si es posible suplir esa falta de habilitación mediante la subcontratación, o si por el contrario la subcontratación sólo es posible cuando ambas empresas – contratista y subcontratista – dispongan de esa habilitación y estén inscritas en el Registro de Empresas del Ministerio del Interior”.

·         “Si conforme a la normativa de Seguridad Privada, al admitir la posibilidad de subcontratar esas prestaciones en los supuestos de que la empresa contratista no esté debidamente autorizada e inscrita, estaríamos ante una conducta tipificada en el Régimen Sancionador del Reglamento de Seguridad Privada, con consecuencias también para la entidad u organismo contratante”.

CONSIDERACIONES

Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.

En el plano normativo que regula la seguridad privada, teniendo en cuenta que los servicios objeto de licitación que se pretenden prestar son todos ellos de seguridad privada y están estrechamente relacionados entre sí (contratación centralizada del servicios de vigilancia y seguridad de edificios y organismos de una Comunidad Autónoma), resulta de aplicación tanto lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 5 de abril, de Seguridad Privada, como en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y demás normativa de concreción reglamentaria.

Respecto de la citada LSP, y por lo que se refiere a la obtención de la autorización administrativa al objeto de desarrollar actividades de seguridad privada, así como de los requisitos exigidos para ello, los artículos 18.1 y 19.1 de la misma determinan que para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada deberán obtener autorización administrativa y estar inscritas de oficio en el Registro correspondiente, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente y siempre que reúnan una serie de requisitos generales (estar legalmente constituidas, contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos adecuados, suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil, constituir aval…). Igualmente, dicha ley, en su artículo 21.1.b) dispone que las empresas de seguridad privada quedan obligadas a contar con la infraestructura y logística acorde con las exigencias establecidas en ella y en su desarrollo reglamentario.

Por su parte, el aludido RSP se expresa en términos muy parecidos a los de la citada LSP (artículo 2.1), exigiendo, además, a las empresas de seguridad privada una serie de requisitos específicos, contemplados en su Anexo I, en función de la concreta actividad a desarrollar y la prestación de los servicios correspondientes.

En materia de contratación de servicios de seguridad privada, el artículo 9 de la Ley 5/2014, de 5 de abril, dispone lo siguiente:

1. “No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado.

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos”.

En cuanto a la subcontratación de servicios de seguridad privada, a tenor de lo establecido en el artículo 38.3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, el legislador admite dicha figura si bien será el futuro Reglamento de desarrollo quien establezca las condiciones y requisitos para ello.

Por su parte el Art.14.3 del vigente RSP establece que: “Los servicios y actividades de seguridad deberán ser realizados directamente por el personal de la empresa contratada para su prestación, no pudiendo ésta subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con empresas inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestación de los servicios o actividades objeto de subcontratación, y se cumplan los mismos requisitos y procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contratación. La subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa contratante”.

Excepcionalmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.4 del RSP, “No será exigible el requisito de identidad de dedicación, en el supuesto de subcontratación con empresas de vigilancia y protección de bienes, previsto en el artículo 49.4”. Este último guarda relación con la prestación de los servicios de verificación personal de las alarmas, respuesta a las mismas y custodia de llaves (“…las empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas podrán contar con vigilantes de seguridad, sin necesidad de estar inscritas y autorizadas para la actividad de vigilancia y protección de bienes, o bien subcontratar tal servicio con una empresa de esta especialidad”)

Al hilo de lo dispuesto en el último inciso del aludido artículo 14.3 del RSP, el artículo 20 del mismo texto reglamentario establece las características y condiciones que deben reunir los contratos de servicios que celebren las empresas de seguridad en relación con su actividad o actividades autorizadas, respecto a su formalización y comunicación (plazo, medios, circunstancias excepcionales, modificaciones…) señalando al respecto que las empresas de seguridad comunicarán de forma individualizada para cada servicio, la iniciación del mismo, con indicación del lugar de prestación, la clase de actividad y la persona física o jurídica contratante, entre otros extremos. En cuanto a los formatos, modelos y otros aspectos de concreción, es la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, quien lo detalla.

También resulta de interés desde el punto de vista legal remitirnos a dos preceptos de la LSP y del RSP, dentro del ámbito de aplicación del Régimen Sancionador en materia de seguridad privada, por cuanto que los mismos aluden a la contratación y subcontratación de servicios de seguridad privada. Así el artículo 59.1.a) de la LSP tipifica como infracción muy grave “La contratación o utilización a sabiendas” por parte de los usuarios “de los servicios de empresas de seguridad…carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada”, mientras que el artículo 148.1.c) del RSP se expresa en los siguientes términos: “Las empresas podrán incurrir en las siguientes infracciones muy graves:

1. La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria, incluyendo:

c) La subcontratación de los servicios y actividades de seguridad privada con empresas que no dispongan de la correspondiente habilitación o reconocimiento necesarios para el servicio o actividad de que se trate, salvo en los supuestos reglamentariamente permitidos”.

De acuerdo por tanto con la legislación de referencia en materia de seguridad privada (hasta tanto no se promulgue el nuevo RSP), y en aplicación del principio de legalidad, se infiere que para la prestación de los servicios derivados de la actividad o actividades de seguridad privada de que se trate, así como para éstas, las empresas que pretendan prestarlos o desarrollarlas deberán obtener, precisamente, la autorización correspondiente para cada actividad o actividades específicas de seguridad privada a las que se refiere la legislación de aplicación (o, en su caso, presentar una declaración responsable) y estar inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma competente. Debe tenerse en cuenta que aunque el artículo 14.3 del RSP determina que tanto las actividades como los servicios en materia de seguridad privada deben ser desarrolladas o prestados, respectivamente, de manera directa (“los servicios y actividades de seguridad privada deberán ser realizados directamente por el personal de la empresa contratada…”) la Ley 5/2014, de 4 de abril los contempla como hechos diferenciados en un sentido técnico-jurídico (entre otras, la sentencia dictada en fecha 14 de junio de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la resolución del Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina nº 281/2002)

Asimismo, de acuerdo con el sentido propio de las palabras empleadas por el artículo 14.3 del Reglamento de Seguridad Privada (interpretación no forzada) puesto en concomitancia con los demás preceptos en materia de seguridad privada a los que se ha hecho referencia, se desprende que para poder celebrar contratos de seguridad privada deben antes haber sido formalizados directamente entre las partes (clientes y empresas contratadas), no pudiendo figurar posteriormente entre ellas terceras empresas o concertarse a través de otras interpuestas que no estén autorizadas e inscritas en el Registro correspondiente para la prestación de servicios de seguridad sobre la actividad específica de que se trate objeto de licitación (salvo en los supuestos excepcionales contemplados en dicho artículo o los marcados taxativamente en el artículo 49.4 del RSP) aunque estas últimas estén en poder de otras autorizaciones e inscritas en el Registro que corresponda para desarrollar otras actividades de seguridad privada. Tanto es así que el propio precepto estipula que “la subcontratación no producirá exoneración de responsabilidad de la empresa contratante”.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 14.4 del RSP en relación con lo preceptuado por los artículos 49.4 y 148.1. c) del repetido Reglamento, se deduce inequívocamente que la voluntad del legislador es la de solo permitir, excepcionalmente, la subcontratación de servicios de seguridad por parte de empresas no autorizadas e inscritas para una determinada actividad en los casos a los que se ha hecho referencia anteriormente. De esta manera queda clara su intención de no admitir, con carácter general, la subcontratación de servicios de seguridad privada por parte de empresas no homologadas para ello aunque puedan estarlo para otro u otros (entendiéndose obviamente la homologación en relación con la actividad o actividades correspondientes)

Igualmente, como a tenor de lo establecido por el artículo 14.3 del RSP, han de cumplirse los mismos requisitos y procedimientos prevenidos en este Reglamento para la contratación (artículo 20 del RSP), tanto la empresa contratante como la empresa subcontratada han de formalizar y comunicar la celebración del subcontrato de seguridad de que se trate (con antelación a la iniciación de los servicios, conforme al artículo 9.2 de la Ley 5/2014), a través de la aplicación informática SEGURPRI mediante las claves proporcionadas en relación con la actividad o actividades para las que estén autorizadas e inscritas en el Registro correspondiente (solo pueden proporcionarse a las empresas que tengan un número de orden de inscripción en el Registro correspondiente para la actividad de seguridad privada de que se trate).

Consecuentemente con lo anterior, si la empresa adjudicataria no tuviera la autorización correspondiente para ejercer actividades de seguridad privada y llegara a prestar ella misma los servicios objeto de contratación derivados del lote de seguridad privada adjudicado, incurriría en la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 148.1.a) del Reglamento de Seguridad Privada puesto en concordancia con el artículo 57.1.a) de la nueva Ley de Seguridad Privada.

En los casos en que se trate de empresas adjudicatarias, sean o no de seguridad privada (ya que la doctrina jurisprudencial reiteradamente se pronuncia en el sentido de que el artículo 148.1 del RSP resulta de aplicación tanto a las empresas autorizadas como a las que no lo están), si subcontratasen servicios de seguridad privada con empresas que no dispusieran de la correspondiente habilitación (salvo en los supuestos reglamentarios) incurrirían en la comisión de la infracción muy grave tipificada en el artículo 148.1.c) del RSP.

De la misma manera, cuando la empresa que resulte adjudicataria no esté en posesión de la autorización para prestar servicios de seguridad privada y contratase a otra empresa que si la tuviera para que ejecute las prestaciones derivadas del lote de seguridad privada adjudicado, tal subcontratación sería irregular (dando lugar a la invalidez del contrato y a la retroacción de actuaciones en orden a una nueva adjudicación del contrato de que se trate) y, por consiguiente susceptible de interposición de un recurso especial en materia de contratación pública previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, la Administración Pública que, a sabiendas, adjudicase un contrato (lote), consistente en la prestación de servicios de seguridad privada, a una empresa carente de la autorización (habilitación) específica para desarrollar actividades de seguridad privada, cometería la infracción muy grave tipificada en el artículo 59.1.a) de la nueva Ley de Seguridad Privada.

Por último, dicho todo lo anterior, no obstante ocurre que en determinadas ocasiones, alguna Administración Pública, por desconocimiento de la normativa en seguridad privada o una interpretación no acorde con lo establecido en materia de seguridad privada, adjudica en concursos públicos convocados al efecto servicios de seguridad privada a empresas que no están en posesión de la correspondiente autorización. Ello da lugar a que se incoen procedimientos sancionadores como consecuencia de su efectiva prestación y se impongan las consiguientes multas por las autoridades competentes mediante la adopción de las pertinentes resoluciones, las cuales son recurridas por las empresas sancionadas ante los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Pues bien, en varias sentencias emanadas de juzgados y tribunales de dicho orden se estiman los recursos interpuestos en aplicación de los principios de buena fe y confianza legítima que han de respetar las Administraciones Públicas en su actuar (principios establecidos en el párrafo segundo en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a su vez dimanantes del principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de nuestra Constitución.)

De otro lado, conviene traer a colación los criterios interpretativos que sobre las cuestiones planteadas objeto de consulta sostiene la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, la cual, en la aplicación práctica de la vigente normativa de seguridad privada, viene desarrollando una importante labor no sólo de estudio, informe y respuesta a los cientos de consultas recibidas en dicha materia en general, sino también de interpretación permanente de la normativa, en atención a los principios y criterios que inspiraron su elaboración.

Asimismo, debe ponerse de manifiesto que la referida Secretaría General ha actuado como órgano ponente, redactor y coordinador de numerosos proyectos normativos que culminaron con la aprobación de otras tantas disposiciones en materia de seguridad privada, y de ahí el particular conocimiento no sólo del contenido de las mismas sino también de su espíritu e intencionalidad.

Por ello, al hilo de lo anterior, debe tener en cuenta la consulta planteada en su día por un organismo de una Comunidad Autónoma, a dicha Secretaría General Técnica, sobre la posibilidad legal de que una empresa autorizada para la actividad de vigilancia y protección de bienes pudiera subcontratar el servicio de centralización de alarmas con otra empresa de seguridad autorizada e inscrita para desarrollar esta actividad, esa misma Secretaría General remitió a dicho organismo un escrito elaborado al efecto, con fecha 13 de enero de 2012, en el que tras analizar la normativa que resulta de aplicación, concluye con los siguientes términos. “Así, pues, parece deducirse que la filosofía que preside la normativa de seguridad privada es que los servicios privados, como norma general, se presten por la empresa contratante, previéndose, no obstante, la subcontratación siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se enumeran:

·         Cualquier servicio que se preste por una empresa de seguridad debe estar precedido de la realización de un contrato entre las partes intervinientes y su presentación previa a la iniciación del servicio.

·         Los servicios y actividades de seguridad privada que se presten deben ser realizados directamente por personal de la empresa contratada, pudiendo ésta subcontratar los mismos, siempre y cuando las dos empresas sean de seguridad y están autorizadas, al menos, para la misma actividad objeto de la subcontratación, en cuyo caso no existiría inconveniente para que la empresa contratante subcontrate la prestación de servicios con otra empresa.

·         La subcontratación no exime de responsabilidad a la empresa contratante.

·         Han de cumplirse los mismos requisitos y procedimientos prevenidos en el Reglamento de Seguridad Privada para la contratación. Esto es, la subcontratación ha de formalizarse en el correspondiente contrato de seguridad entre ambas empresas, donde se refleje, de forma individualizada, cada uno de los servicios, en este caso clientes, que se van a subcontratar, haciendo constar todos los datos que necesita la empresa subcontratada para prestarlo, y presentándolo en tiempo y forma ante la dependencia policial de seguridad privada que corresponda”

Desde la óptica de la contratación pública, es de aplicación en relación con el objeto de la consulta formulada lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)

Así, por lo que más interesa, en lo que se refiere a la capacidad y solvencia de los empresarios para contratar con el sector público, además de la plena capacidad de obrar y solvencia técnica o profesional, así como, en su caso, la debida clasificación, que se exige a los empresarios para contratar con el sector público (apartado 1 del artículo 54 del TRLCSP), es preciso reseñar que el apartado 2 de este mismo artículo (condiciones de aptitud) preceptúa que “los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato”, mientras que el artículo 62 (solvencia) establece lo siguiente:

1. “Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo”.

Igualmente es de interés plasmar el contenido del artículo 63 del TRLCSP, a cuyo tenor: “Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Al hilo de lo todo lo anterior, es de señalar que el artículo 32 del TRLCSP dispone que es causa de nulidad de derecho administrativo, entre otras, La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario” (párrafo b))

Por lo que respecta a la subcontratación, el TRLCSP dedica algunos preceptos a regularla, siendo de interés en lo que concierne al objeto de la consulta elevada a esta Unidad los que a continuación se transcriben. Así, en el apartado 1 del artículo 227 de dicho Real Decreto, se dispone que “El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario”.

El apartado 2 de dicho artículo añade que la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de, entre otros, los siguientes requisitos:

a) “Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización”.

e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación”.

Más adelante, el apartado 4 de dicho artículo establece que “Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato”.

Igualmente dicho artículo dispone en su apartado 7 que “Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo en el anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del 50 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a empresas con una clasificación adecuada para realizarla”.

Por último, el artículo 65 del mismo texto legal, y concretamente por lo que se refiere a la exigencia de clasificación de las empresas prestatarias de los servicios objeto de licitación contractual, establece en su apartado 1 que “Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos…de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado…En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato”.

A la luz de la normativa transcrita, se infiere que para poder contratar en el ámbito del sector público es preciso contar con una habilitación (autorización) empresarial o profesional para cada actividad o servicio (prestación) relacionada con el contrato licitado y que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, si bien el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, habrá de demostrar que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

También se desprende que la subcontratación en el ámbito del sector público es una figura admitida y regulada dentro de la contratación pública, la cual puede incluso imponerse respecto de unas determinadas partes de la prestación (servicio) cuando se exija una determinada habilitación o clasificación adecuada, siempre que no se rebasen determinados porcentajes de las prestaciones parciales a ejecutar en función del precio estipulado en el importe de adjudicación del contrato y, lo que es más importante, cuando de la naturaleza y condiciones del contrato se deduzca que éste ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, circunstancias que obviamente concurren en los contratos de servicios de seguridad privada (legislación específica y preferente de aplicación), salvo los casos excepcionales de referencia admitidos.

Por tanto a la vista de lo expuesto, se infiere que para contratar las empresas licitadoras habrán de estar en posesión de la habilitación correspondiente a la actividad específica sobre la que se prestará el servicio o servicios objeto de licitación contractual, por lo que de la misma manera para subcontratar tendrán que estar habilitadas igualmente para desarrollar tal actividad específica y prestar los servicios sobre ellas y, en consecuencia, solo podría subcontratarse excepcionalmente la ejecución de aquella parte de la prestación para la que se necesitase una autorización o habilitación determinada dentro del servicio correspondiente a la actividad para la que está autorizada tanto la empresa subcontratante como la subcontratada.

A este respecto, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, mediante la sentencia dictada con fecha 16 de enero de 2013, en relación con la interposición del recurso contencioso-administrativo 303/2011 por parte de una empresa de seguridad privada contra las Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de fechas 27 de abril de 2011 y 25 de mayo de 2011, dictadas en los recursos 82, 83, 84, 108, 109 y 110/2011, donde se discutía si la empresa adjudicataria de varios contratos para la vigilancia y protección de determinados edificios públicos podría o no subcontratar una parte del servicio para el que no contaba con la debida clasificación, concretamente el relacionado con la explotación de central receptora de alarmas, resolvió estimarlo (con la anulación de las resoluciones dictadas en tales recursos y la retroacción de actuaciones a fin de que el órgano de contratación resolviera la licitación conforme a la interpretación normativa expuesta en el Fundamento Jurídico Segundo) se expresaba en los siguientes términos: “A pesar de las dudas interpretativas…hemos de decantarnos en sentido de que la clasificación sólo puede ser suplida mediante la contratación respecto de la parte de las prestaciones que hayan de realizarse por empresas especializadas, pero no con carácter general…”

CONCLUSIONES

A la vista de las normativas transcritas y de las consideraciones expuestas (hasta tanto en el nuevo RSP se establezcan las condiciones y requisitos para la subcontratación de servicios de seguridad privada), es de señalar que, en las convocatorias de concursos públicos, no pueden pues adjudicarse contratos de seguridad privada a empresas que no lo sean o que aun siéndolo no están autorizadas e inscritas para la concreta o específica actividad o actividades relacionadas con la prestación del servicios o servicios licitados (salvo en los supuestos excepcionales), puesto que carecen de la pertinente autorización para ello y, por tanto, no pueden contratar al no acreditar su solvencia profesional (no pueden demostrar que tienen medios propios para ejecutar el contrato)

De la misma manera, tales empresas no pueden subcontratar servicios de seguridad privada ya que la subcontratación (por naturaleza legal en materia de seguridad privada) solo puede llevarse a cabo entre empresas de seguridad habilitadas e inscritas en el registro correspondiente, nacional o autonómico, siempre que ambas estén autorizadas e inscritas para la misma o mismas actividades a desarrollar y, por tanto, para los correspondientes servicios a prestar. Tal circunstancia conlleva el que las empresas no autorizadas e inscritas (y aun cuando sí lo estuvieran para otras actividades de seguridad privada) ni siquiera puedan ser admitidas como empresas licitadoras en los correspondientes concursos públicos convocados para la adjudicación total o parcial de servicios de seguridad privada, pues carecerían de la debida solvencia profesional para ello. Si ello fuera así entraría en juego lo dispuesto en el TRLCSP respecto a la nulidad o anulabilidad de las adjudicaciones.

Por todo ello, de conformidad con la legislación vigente en materia de seguridad privada, la doctrina jurisprudencial sentada y en aplicación del principio de legalidad y de especificidad, cabe concluir afirmando que la empresa adjudicataria de uno o varios servicios de seguridad privada, con motivo de la convocatoria de un concurso público por parte de una Administración Pública, ha de estar autorizada e inscrita en el Registro correspondiente, nacional o autonómico, en relación con los correspondientes servicios sobre la actividad o actividades de seguridad privada desarrolladas para poder subcontratar, al igual que la empresa subcontratada, así como para ejecutar el contrato (prestar el servicio o servicios correspondientes). De ahí, que en el caso concreto que nos ocupa deba exigirse en los pliegos contractuales redactados por los órganos de contratación pública la autorización e inscripción (habilitación) de las empresas licitadoras para la prestación de los servicios de seguridad licitados sobre las tres actividades de seguridad privadas con los que se corresponden, en cuyo supuesto podrán subcontratarse de acuerdo con las exigencias legales y reglamentarias de aplicación en materia de seguridad privada.

Finalmente, en cuanto al régimen sancionador que en materia de seguridad privada pueda ser de aplicación, el mismo variará en función de los distintos supuestos que puedan darse, de acuerdo con lo que se dijo anteriormente en el apartado de las consideraciones y, en todo caso, conforme se determine en última instancia por los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo.

Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la consulta sometido a consideración. No pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los descritos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra el mismo no cabe recurso alguno.

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Amasplus Ingeniería SL